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En 10 días la Corte dará opinión sobre reformas a la Ley de la Oabi

Las cuestionadas reformas a la Ley de Privación de Dominio quedaron relegadas tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Congreso Nacional.

En el Congreso Nacional apoyaron reformas a la Ley de la Oabi a fin de proteger a funcionarios investigados por malversación de caudales públicos tras asegurar casa de Rosa de Lobo.
En el Congreso Nacional apoyaron reformas a la Ley de la Oabi a fin de proteger a funcionarios investigados por malversación de caudales públicos tras asegurar casa de Rosa de Lobo.

Tegucigalpa, Honduras

El próximo 5 de julio se vence el plazo fijado de 90 días para que la Corte Suprema de Justicia emita una opinión sobre las reformas a la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito que fueron vetadas por Juan Orlando Hernández.

La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal presidida por el titular de la Corte, Rolando Argueta, sería la encargada de analizar la armonización de esta normativa, tal y como recomendó el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el organismo colegiado de carácter permanente no ha sido convocado a la fecha para que se escuche a los diversos sectores de la sociedad civil, en especial aquellos vinculados con la justicia en cuanto a las enmiendas contenidas en el decreto legislativo 30-2018. El diputado Mario Pérez, quien fungió como presidente de la comisión de dictamen de las polémicas reformas, y Denis Castro Bobadilla, que fue el proyectista, se designaron como enlaces por el Congreso Nacional, pero nunca se reunieron con la comitiva.

Castro Bobadilla, congresista de la Alianza Patriótica Hondureña, confirmó que estaba anuente al llamado de la comisión para analizar qué modificaciones amerita la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

El 6 de abril, el Congreso Nacional remitió a la Secretaría de la Corte el veto presidencial al decreto que reformaba 18 artículos del instrumento jurídico vigente desde 2010, incluyendo tres disposiciones de la Ley Especial contra el Delito de Lavado de Activos. Luego del análisis y consultas a expertos, el mandatario decidió vetar el decreto 30-2018 por reformar tácitamente varios códigos sin haberse solicitado antes la opinión de la Corte.

Las reformas a la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito fueron vetadas porque según diversos sectores, “suavizan” la ley y benefician a “corruptos y personas vinculadas al narcotráfico”.

La incautación es la apropiación de un bien mientras se ventila en juicio si se declara el comiso a favor del Estado o se regresa a su dueño. El aseguramiento solo es la prohibición de celebrar actos y contratos sobre capitales. En el veto se argumentó que si la ley entraba en vigor, Honduras se arriesgaba a ser considerado como un país no cooperante contra el lavado de activos, según acuerdos internacionales.